Los datos oficiales revelan un panorama desbordado por dengue y chikungunya, con hospitales en colapso, escasez de recursos y un creciente número de niños en estado crítico que reflejan una aguda crisis sanitaria.

Cuba atraviesa uno de sus momentos sanitarios más delicados en años, pese a los intentos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) por mantener un discurso de tranquilidad que contrasta fuertemente con las cifras divulgadas este martes por la televisión estatal.

La viceministra Carilda Peña García informó que nueve menores se encuentran en estado crítico a causa de arbovirosis —principalmente chikungunya y dengue— en un contexto marcado por centros médicos saturados, falta de suministros básicos y un incremento sostenido de casos en prácticamente todas las provincias.

Aun así, Peña García mantuvo un tono optimista, calificando como “favorable” la evolución de los pacientes más graves. Según aseguró, 71 personas continúan entre graves y críticas, incluidos los nueve niños, a quienes describió como “críticos estables” y “sin riesgo para la vida”. Una afirmación difícil de reconciliar con las denuncias constantes sobre falta de recursos, demoras en la atención y condiciones precarias en los hospitales.

La funcionaria explicó que el lunes se atendieron 2.069 pacientes con síndrome febril, cerca de mil menos que la jornada previa. No obstante, la disminución parece estar relacionada menos con una mejoría epidemiológica y más con la incapacidad del sistema para recibir a todos los enfermos, además del creciente uso del ingreso domiciliario, una práctica que reduce la presión hospitalaria pero deja a muchos casos sin vigilancia médica adecuada.

Aunque la viceministra sugirió que Cuba podría estar entrando en una “fase de control”, los números presentados muestran lo contrario: 324 nuevos sospechosos de chikungunya en solo 24 horas, con mayor incidencia en Cienfuegos, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila y Granma.

Hasta la fecha, el país acumula 42.339 casos reportados, pero solo 1.462 han sido confirmados mediante PCR, un dato que refleja claramente las limitaciones de diagnóstico por falta de reactivos y equipos.

Estas declaraciones llegan un día después de que el Gobierno admitiera 44 fallecimientos por arbovirosis —la mayoría asociados a chikungunya—, entre ellos ocho menores de edad. La actualización se produjo tras semanas de retrasos y desmentidos oficiales frente a denuncias de gravedad provenientes de distintas provincias.

Sin embargo, la cifra es cuestionada por ciudadanos y personal sanitario, quienes señalan que existen más muertes de las reconocidas, además de fallos graves en la atención, demoras prolongadas y brotes que no están siendo controlados debido a la falta de fumigación, que en muchos barrios no se realiza desde hace meses.

Peña volvió a atribuir parte del problema a la población, insistiendo en reforzar el “autofocal” en los hogares y reportar omisiones en las fumigaciones. Evitó, sin embargo, mencionar la escasez de insecticidas, combustible y técnicos, señalada por brigadistas en múltiples territorios.

La expansión de la epidemia se da en medio de un deterioro profundo del sistema de salud: salas sin agua, carencia de analgésicos y antibióticos, insuficiencia de camas, laboratorios sin reactivos y plantillas médicas reducidas por la migración. Muchos policlínicos trabajan solo con criterios clínicos por falta de pruebas, y miles de familias recurren a remedios caseros ante la ausencia de medicamentos.

A esta situación se suma la gestión irregular del MINSAP, que desde octubre ha ido actualizando los fallecimientos en cuotas: primero tres, luego 33, ahora 44. Cada cambio incrementa la desconfianza ciudadana.

Mientras tanto, la epidemia continúa cobrándose vidas —especialmente entre niños y embarazadas— y expone el derrumbe de un sistema sanitario que por décadas fue presentado como uno de los pilares del modelo cubano, pero que hoy opera al límite.

La intervención de Peña, lejos de ofrecer calma, confirma la magnitud de una crisis sanitaria en expansión, en un país donde la población se siente cada vez más vulnerable, desinformada y desprotegida.