El proceso contra Alejandro Gil se desarrolló bajo un fuerte hermetismo y control militar, mientras crecen las especulaciones sobre cúpula del poder cubano.

El proceso judicial contra el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, acusado de presunto espionaje, finalizó y quedó concluso para sentencia, según informó el periodista Mario J. Penton en sus redes sociales.

La vista oral se celebró en un ambiente marcado por el estricto control informativo y militar. María Victoria Gil, hermana del acusado, declaró al youtuber Darwin Santana que el juicio “se celebró dos días a puertas cerradas, con un gran despliegue de seguridad tanto para el pueblo como para la prensa, y ha sido con un absoluto secretismo”.

La hija del exministro, Laura María Gil González, fue impedida de entrar a la sala tras exigir transparencia y un proceso público, aunque reiteró su confianza en la decencia de su padre. En contraste, su hijo, Alejandro Arnaldo Gil González, sí pudo acceder al recinto, aunque no se ha pronunciado sobre el caso. De acuerdo con Penton, el tribunal permitió la entrada a un número muy reducido de personas, reforzando el hermetismo que ha caracterizado todo el proceso. El periodista señaló que esta estrategia busca evitar que salgan a la luz detalles que podrían revelar la red de corrupción que atraviesa las estructuras del poder cubano.

La conclusión del juicio abre ahora un periodo de espera mientras el tribunal prepara su decisión, en un contexto de falta de transparencia que alimenta las especulaciones sobre luchas internas en la cúpula del régimen y el alcance real de la corrupción.

Gil Fernández, una de las figuras más visibles del equipo económico de Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 en lo que se consideró una de las caídas políticas más abruptas del actual gobierno. Su arresto y posterior acusación de graves delitos generaron un fuerte impacto en el ya tenso panorama político y económico de la isla.

El juicio comenzó este martes bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos militares y órganos de control estatal. A pesar de la magnitud del caso, las autoridades cubanas no han ofrecido detalles oficiales sobre las pruebas presentadas, la acusación formal ni el posible alcance de la sentencia.

Además del cargo de espionaje, Gil Fernández enfrenta acusaciones por malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación. La sentencia, aún pendiente, podría marcar un nuevo capítulo en la crisis política y económica que atraviesa Cuba.