El exministro cubano Alejandro Gil enfrenta acusaciones de espionaje, malversación y lavado de activos, mientras que el juicio se celebra bajo estrictas medidas de seguridad y sin acceso público.

Este martes 11 de noviembre de 2025, a las 9:30 a.m., dará inicio el juicio oral contra Alejandro Miguel Gil Fernández en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. El proceso será cerrado al público por razones de seguridad nacional, y solo podrán asistir las partes involucradas y personas autorizadas por el tribunal.

Según la notificación oficial, el juicio se desarrollará conforme a la Constitución de la República de Cuba y la Ley del Proceso Penal. Las autoridades aseguran que se han respetado los derechos del acusado y su defensa, quienes han tenido acceso completo al expediente, incluidas las conclusiones provisionales de la Fiscalía. Los abogados de Gil Fernández entregaron sus conclusiones antes del inicio del juicio.

El caso ha generado gran atención por la relevancia del acusado y sus implicaciones políticas. Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro, fue destituido el 2 de febrero de 2024 en medio de una aguda crisis económica y tras el aplazamiento del aumento de precios de combustibles. El 7 de marzo de ese mismo año se confirmó que estaba bajo investigación penal por “graves errores” en su gestión. Posteriormente, reconoció las acusaciones y renunció tanto al Partido Comunista como a su escaño en la Asamblea Nacional.

Casi un año y medio después, la Fiscalía General lo imputó por cargos graves que incluyen espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y actos en perjuicio de la economía nacional.

Su hermana, María Victoria Gil, ha declarado públicamente que Alejandro fue cómplice del sistema, y que sus políticas de Ordenamiento Económico contribuyeron a la crisis del país, aunque considera que otros líderes también comparten responsabilidad. Por su parte, la hija del acusado ha solicitado que el juicio sea público y televisado, en defensa de la transparencia y la presunción de inocencia.

El proceso involucra a una veintena de personas también imputadas, entre ellas un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista. Según una fuente anónima citada por el portal 14ymedio, entre cinco y seis de los implicados se encuentran bajo medidas cautelares.

Aunque no se permitirá cobertura televisiva, el seguimiento del juicio se mantendrá dentro de los cauces judiciales establecidos, en un contexto marcado por tensiones políticas y demandas ciudadanas de mayor transparencia institucional.