El Decreto-Ley 113/2025 consolida la dolarización parcial en Cuba, reflejo de la crisis monetaria y económica.
El régimen cubano ha oficializado la dolarización parcial de la economía con la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto-Ley 113/2025, que entrará en vigor el próximo 17 de diciembre de 2025.
La normativa autoriza a determinadas Mipymes privadas, trabajadores por cuenta propia (TCP) y cooperativas a cobrar en dólares y euros por sus servicios y productos, siempre que cuenten con la aprobación expresa del Ministerio de Economía y Planificación (MEP). Una vez autorizadas, las operaciones deberán realizarse mediante cuentas bancarias fiscalizadas por el gobierno.
El proceso exige que las empresas soliciten permiso al MEP, que evaluará la pertinencia económica del negocio en función de su relación con los encadenamientos productivos, la sustitución de importaciones o la exportación de bienes. En caso de aprobación, deberán abrir una cuenta fiscal en divisas en el Banco Central de Cuba (BCC).
La medida establece que el 80% de los ingresos en divisas se retenga para operaciones vinculadas a exportaciones, comercio electrónico y ventas a entidades autorizadas como la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). El 20% restante deberá venderse obligatoriamente al BCC, recibiendo pesos cubanos (CUP) al tipo de cambio vigente.
Las transacciones en divisas estarán limitadas a áreas específicas, como la ZEDM y comercios autorizados. Según Juana Lilia Delgado Portal, presidenta del BCC, este “paraguas legal” es temporal y responde al plan de dolarización parcial de algunos sectores, con el objetivo final de restablecer la centralidad del peso cubano en el sistema monetario.
El Decreto-Ley 113/2025 constituye un reconocimiento tácito de la crisis del sistema monetario nacional. Al consolidar la presencia del dólar y otras monedas extranjeras, el gobierno admite las dificultades de una economía marcada por la inflación, la escasez y la falta de inversión. Para la ciudadanía, la medida mantiene la incertidumbre, pues las restricciones limitan el acceso a divisas incluso en el mercado legal.
