El exministro de economía Alejandro Gil enfrenta cargos económicos mientras su familia denuncia que es un “chivo expiatorio”.
El segundo proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía de Cuba, concluyó este sábado en el Tribunal Municipal de Marianao, La Habana, en un ambiente marcado por el secretismo habitual del régimen. La información fue confirmada por el periodista Mario J. Pentón, de Martí Noticias, quien obtuvo testimonios exclusivos de familiares y fuentes cercanas al caso.
A diferencia del juicio celebrado hace dos semanas por presuntos delitos de espionaje —en el que, según fuentes citadas, la Fiscalía habría solicitado cadena perpetua— esta nueva vista se enfocó en cargos económicos, entre ellos malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. El Gobierno cubano no ha divulgado la lista de acusados ni detalles sobre la investigación, pese a tratarse de uno de los procesos más sensibles dentro de la élite oficialista en la última década.
En declaraciones a Pentón, María Victoria Gil, hermana del exministro, criticó duramente el hermetismo que rodea el caso: “Ni el noticiero dijo una palabra. Es una falta de respeto al pueblo de Cuba”. Los hijos del exfuncionario lograron entrar a la sala, pero solo después de firmar compromisos de confidencialidad, lo que les impide hablar públicamente sobre lo que presenciaron.
La hermana sostiene que Alejandro Gil reconoció ciertos delitos económicos, pero insiste en que es imposible que haya actuado sin el respaldo de otros altos cargos: “Los verdaderos responsables han desaparecido del proceso. Alejandro es el chivo expiatorio”.
Uno de los elementos más llamativos del juicio fue la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel como testigo de cargo, lo que para la familia representa una ruptura definitiva tras años de colaboración política y cercanía personal.
María Victoria Gil asegura que detrás del caso hay intereses dentro del estamento militar molestos por el manejo de la Tarea Ordenamiento, la polémica reforma económica impulsada durante la gestión de Gil.
Entre los puntos debatidos figura la posible confiscación de la vivienda de Gil en Miramar, pese a tratarse de una permuta aprobada por el Estado. La familia denuncia que se intenta presentar ese inmueble como parte de un enriquecimiento ilícito que, según afirman, no corresponde a la realidad.
La hermana del exministro también cuestionó el silencio de figuras cercanas como el trovador Israel Rojas y el presentador Humberto López, a quienes acusa de haberlo abandonado desde su detención.
El juicio contra Alejandro Gil se perfila como uno de los casos judiciales más delicados que ha enfrentado la cúpula gobernante en la última década. Aunque no se ha anunciado una fecha para la sentencia, el hermetismo estatal sugiere que el régimen intenta manejar el caso con extrema cautela para evitar fracturas internas y cuestionamientos públicos.
