El exministro de Economía Alejandro Gil enfrentó ayer la primera jornada del juicio cerrado al público por cargos de espionaje, solo su hijo pudo asistir.
Ayer martes, desde las 9:30 de la mañana, comenzó en La Habana el juicio oral contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y exviceprimer ministro, considerado el funcionario de mayor rango procesado por la justicia cubana en décadas. La audiencia se celebró en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, bajo estrictas medidas de seguridad y sin acceso público.
Según una fuente cercana al caso que pidió anonimato, el único familiar autorizado a ingresar fue su hijo, Alejandro Gil González. La vista continuará hoy miércoles y los cubanos dentro y fuera de la Isla se mantienen a la espera de nuevas noticias sobre el mismo, pese a las restricciones a los medios de prensa.
Desde temprano, las inmediaciones del tribunal, ubicado en la calle 100 con 33, se encontraban fuertemente vigiladas, con presencia visible de prensa internacional. “Vi un montón de fotógrafos y una pila de carros cuando llevé temprano a mi hijo a la escuela”, relató Susana, vecina del lugar, al medio independiente 14ymedio. Durante el transcurso del juicio, el tráfico fue cortado y los comercios de la zona permanecieron cerrados. Decenas de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil se apostaron en las esquinas, según constató el medio.
Una situación similar se vivió en las calles cercanas al Tribunal Supremo Popular, en La Habana Vieja, que el lunes emitió el comunicado oficial anunciando el juicio. En cada esquina de la calle Aguiar, entre Obrapía y Obispo, se observaron agentes “disfrazados” de civil, en parejas, observando a los transeúntes. “No sé para qué gastan tantos recursos, si el juicio está siendo en otro lado”, comentó irónicamente un testigo.
El comunicado del Tribunal Supremo fue transmitido por el noticiero del mediodía del lunes, sin previo aviso a la familia del acusado. En él se informaba que el juicio se celebraría al día siguiente, sin precisar el tribunal exacto ni los cargos a tratar. La hermana del exministro, María Victoria Gil Fernández, declaró a 14ymedio que el proceso se dividiría en dos juicios independientes, y que el de ayer abordaría la acusación de espionaje, por la cual la Fiscalía solicita 30 años de prisión.
La nota oficial justificó el carácter cerrado del juicio por “razones de Seguridad Nacional”, amparándose en los artículos 153 de la Constitución y 477.1 de la Ley del Proceso Penal. Solo las partes y personas autorizadas por el tribunal pudieron ingresar, lo que dejó sin efecto la petición pública de la hija del acusado, Laura María Gil, quien había exigido un juicio justo, público y transparente. “Si están tan seguros de su caso, ¿por qué esconderlo?”, cuestionó la joven en redes sociales.
Una fuente conocedora del caso reveló que, además de Gil Fernández, hay una veintena de imputados, entre ellos “un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y un secretario del Partido Comunista”. “La petición para él son 30 años, y a todos los demás se le piden como mínimo sentencias de 15 años”, indicó el informante, quien también confirmó que Gil se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, bajo régimen especial por delitos contra la seguridad del Estado.
El abogado defensor de Gil es Abel Solá López, conocido por su experiencia en casos similares. En 2017, representó a los acusados Alina López Miyares y Félix Martín Milanés Fajardo, condenados por espionaje en un juicio también cerrado al público.
