La nueva regulación anunciada en La Habana repite una fórmula desgastada: limitar precios sin resolver la raíz del problema.

No se trata de una novedad informativa, sino de otro capítulo en la larga historia de intentos fallidos. El gobierno cubano ha vuelto a recurrir a su estrategia habitual: imponer un “tope de precios” con la promesa de contener el alza de los alimentos. Pero, como en tantas ocasiones anteriores, la medida se desploma antes de ofrecer alivio a los ciudadanos.

Según un informe del canal estatal Canal Habana, la gobernadora de la capital presentó una nueva tabla de precios regulados para productos agrícolas, con el objetivo declarado de “estabilizar el mercado y promover la producción local”. Sin embargo, bastó escuchar a los entrevistados del propio noticiero para constatar que la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de los cubanos siguen caminos opuestos.

Durante una visita a la feria de Santa Catalina y Juan Delgado, en el municipio Diez de Octubre, los periodistas recogieron opiniones que contradicen el optimismo gubernamental. Algunos compradores señalaron que “los precios parecían mantenerse”, pero la mayoría confirmó lo que ya es vox populi: los alimentos continúan encareciéndose y escaseando.

“Cada feria sube algo. El picadillo de pollo ya está en 320 pesos, y hace nada costaba 280”, relató una vecina. Otra fue más contundente: “El pescado está carísimo y el arroz es una porquería; la cola es interminable”.

Mientras el reportaje intentaba mostrar una imagen de orden y cumplimiento, las voces de los habaneros revelaban el colapso del modelo económico. Los topes no logran contener la inflación; al contrario, generan desabastecimiento y refuerzan el mercado informal, que sigue siendo el único recurso para subsistir.

La escasez, la disparidad de precios entre ferias y la falta de control real son señales de un sistema exhausto, que insiste en aplicar soluciones cosméticas sin abordar los problemas estructurales. Las amenazas de “mano dura” solo intimidan a los trabajadores por cuenta propia, mientras la corrupción y la especulación se adueñan de los puestos de venta.

En zonas como Arroyo Naranjo, Centro Habana y Marianao, los precios del boniato, el plátano y la carne de cerdo superan con creces los límites oficiales. Lo mismo ocurre en otras provincias, donde cada intento de “tope” empuja a los campesinos a vender en el mercado negro o a dejar que sus cosechas se pierdan por no poder cubrir los costos de producción.

Este nuevo ensayo económico en la capital cubana no hace más que reafirmar lo que la población lleva años repitiendo: sin libertad de mercado, sin incentivos reales para los productores y sin una gestión estatal eficaz, ningún decreto podrá detener el hambre ni el aumento de precios. En la Cuba actual, los topes se desmoronan tan rápido como los discursos que los proclaman.