Campesinos en provincias como Holguín reducen sus siembras ante la falta de rentabilidad, mientras el precio en el mercado informal duplica el regulado.

La producción de frijol, un componente esencial en la dieta básica cubana, enfrenta una profunda crisis a nivel nacional. En Holguín, una provincia tradicionalmente fuerte en este cultivo, los campesinos están optando por disminuir las áreas de siembra. Esta decisión es una respuesta directa a las continuas pérdidas económicas, los precios de acopio establecidos por el Estado que resultan desfavorables, y una serie de impedimentos burocráticos que dificultan la sostenibilidad de la actividad agrícola.

Según testimonios de productores locales, el costo de sembrar una hectárea de frijoles puede ascender hasta 300 mil pesos cubanos (CUP). Sin embargo, el Estado paga a los agricultores entre 14,000 y 30,000 CUP por quintal, una cifra que apenas cubre los insumos esenciales. Yordanis Cruz, presidente de una cooperativa en Gibara, declaró al periódico Granma: “La única venta que nos dejó algo fue la que hicimos a la Planta de Semillas, a 30 mil pesos el quintal. Todo lo demás fue pérdida”.

La situación se ha agravado con las nuevas normativas gubernamentales. En marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo 10093, que establece precios máximos para el arroz y el frijol de producción nacional. La normativa fija la venta de la libra de frijol en 196 CUP si el Estado proporcionó los insumos, y en 285 CUP si el productor no recibió ayuda. No obstante, la mayoría de los agricultores no recibe estos insumos y muchos ya habían vendido sus cosechas antes de la publicación de la medida.

Esta política, cuyo objetivo es frenar la inflación, está resultando perjudicial para el sector. Los expertos económicos alertan que controlar los precios sin asegurar las condiciones de producción solo intensificará la crisis. El economista Mauricio de Miranda señaló: “La inflación no se combate así”. Por su parte, Pedro Monreal fue más contundente: “El control de precios sin respaldo productivo genera escasez y fortalece el mercado informal”.

Mientras la producción nacional se contrae, el frijol se ha vuelto escaso en las bodegas estatales, pero abunda en los puntos de venta privados con precios inalcanzables. En Holguín, la libra de frijol negro se vende en el mercado informal entre 360 y 400 CUP, más del doble del precio máximo regulado. Como paliativo, el gobierno ha implementado la venta controlada de una libra adicional por persona a través de la libreta de abastecimiento.

A los problemas financieros se suman las dificultades agronómicas. Las plagas, como la mosca blanca, el ácaro y la maleza Don Carlos, han disparado los costos de protección por hectárea. Muchos campesinos se ven obligados a comprar pesticidas en el mercado negro a precios superiores a 20,000 CUP por litro. “Sin químicos, la cosecha se pierde. Y con ellos, a esos precios, también salimos perdiendo”, lamentó otro productor.

La falta de organización y planificación institucional también es un factor de peso. En varias cooperativas, los precios de acopio no estaban establecidos al momento de solicitar créditos bancarios, lo que impidió a los agricultores justificar el valor estimado de su producción. Quienes lograron obtener financiamiento no pudieron ejecutar las compras necesarias debido a la escasez de oferta o a las restricciones de pago.

El uso obligatorio de tarjetas magnéticas para las operaciones bancarias añade otra capa de dificultad. Aunque los productores reciben los fondos de manera digital, necesitan convertir parte de ese dinero a efectivo para pagar a obreros y proveedores. Esta conversión informal les cuesta hasta un 15% en comisiones, lo que representa una pérdida directa en ingresos ya muy reducidos.

El problema de la producción de frijoles no se limita a los precios, sino que es un síntoma de una estructura agrícola obsoleta, excesivamente centralizada y con poca capacidad de adaptación a las necesidades reales del campo. Los campesinos tienen la voluntad de producir, pero necesitan condiciones mínimas para hacerlo de manera eficiente y sostenible.

Sin una reforma profunda del modelo agroproductivo, ni la imposición de topes de precios, ni las ventas controladas, ni los acuerdos ministeriales lograrán resolver el problema de raíz. Lo que está en riesgo es mucho más que una simple cosecha: es el acceso de millones de cubanos a un alimento fundamental en su mesa.